Como ya ocurriera en países vecinos, la tensión entre las autoridades y los indígenas de Perú se ha desbordado. Todo comenzó como una campaña pacífica de protestas de los nativos contra la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de regular las inversiones extranjeras en una amplia zona selvática del Amazonas y que, según los nativos, dará carta blanca a las multinacionales para que continúen deforestando la zona. Durante 55 días, la situación se fue caldeando hasta que las fuerzas de seguridad y unos dos mil manifestantes indígenas se encontraron en una carretera del país andino. El estallido de la violencia fue inevitable.
Un grupo de indígenas forma una barricada en la ciudad amazónica de Yurimagua.
En casi todos los países en los que se ha producido esta situación, el patrón ha sido el mismo: las autoridades se comprometen a cumplir unos determinados preceptos legales, políticos y sociales a favor de los indígenas, las actuaciones gubernamentales se dilatan, los indígenas pierden la paciencia y se organizan para protestar, hasta que un día se prende la mecha de la violencia —las organizaciones nativas acusan a las autoridades de instigarla— y se produce el desastre.
Y esta es una de esas veces en que la sangre ha llegado al río. De momento se habla de 34 muertos, 25 indígenas y nueve policías —tres indígenas y nueve policías según el Gobierno— y al menos 169 heridos de diversa gravedad que están siendo tratados en varios hospitales de la zona.
Hasta esta mañana, prácticamente sólo se conocía la versión oficial, que hablaba de un secuestro de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado por parte de los indígenas y de los ataques que causaron varias bajas de la policía. Esto ha caldeado el ambienten en un país en el que, como en muchas otras naciones latinoamericanas, los indígenas se encuentran tremendamente marginados del resto de la sociedad —aunque paradójicamente, en muchos casos, sean más—. Así, condenando duramente la actuación de los nativos, las autoridades han decretado el luto oficial en memoria de los policías muertos en los enfrentamientos, sin hacer muchos aspavientos por la matanza de los indígenas.
Poco a poco, se han ido conociendo otras versiones que han llegado de la mano de los propios colectivos originiarios, en los que se denunciaba, no sólo que la cifra de indígenas abatidos por la policía y el Ejército es mucho mayor que la que reconoce el Ejecutivo —de hecho, en las imágenes que llegan por agencia se ven muchos más de tres cadáveres de indígenas—, sino que las fuerzas de seguridad habrían quemado los restos de algunas personas para después tirarlos al río y hacerlos desaparecer y omitir esas bajas.
Estas terribles acusaciones han sido lanzadas por el dirigente amazónico Zebelio Kayap y corroborada por algunos testimonios recogidos por la prensa peruana. Kayap ha ido más allá y ha invitado a las organizaciones de Derechos Humanos a pasar a la acción y comprobar lo que está pasando con sus propios ojos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ya está siendo informada de los hechos, según se ha confirmado desde esta oficina. Según ellos, ya están conociendo los hechos a través de los medios locales, aunque las informaciones continúan siendo extraoficiales. Otras organizaciones sociales ya se han manifestado, como el Concilio Nacional Evangélico del Perú, que junto con la Fraternidad de Asociaciones de Iglesias Evangélicas Nativas de la Amazonia Peruana (FAIENAP), han deplorado "que el Gobierno no haya tenido la capacidad de resolver este conflicto por medios pacíficos" y le han pedido que respete la legislación internacional referida a los pueblos originarios.
Sin embargo, la sociedad civil se encuentra dividida, ya que muchos líderes de opinión y muchos medios han preferido adoptar un lenguaje más combativo, pero en contra de los nativos, acusándolos de instigar los enfrentamientos, y haciéndose eco de las palabras de algunos políticos que aseguran que los indígenas "no son unos santos". "¡Salvajes!", reza la portada de la edición de hoy del periódico Expreso, que recoge el supuesto testimonio de un efectivo policial, que justificaría el uso de la fuerza contra los indígenas
Estábamos formados al costado del peaje 'Bagua Grande-Nueva Vida' esperando la orden para iniciar el operativo, subimos al cerro para hacerles frente con sólo bombas lacrimógenas, cuando de sorpresa y por detrás, nos sorprendieron aproximadamente entre 200 a 300 nativos que nos hicieron frente (...) En la parte más alta del cerro continuó otros tantos nativos rodearon una patrulla de 8 policías y les quitaron su armamento, los flagelaron, comenzaron a atravesarlos varias veces con sus lanzas y luego los incendiaron, para después arrojar sus cuerpos a un abismo de 300 metros. Recién en la tarde de hoy (ayer) hemos podido rescatar sus cuerpos
El siguiente paso han sido las acusaciones de "terrorismo" y vincular a los manifestantes con la organización delictiva Sendero Luminoso. Se repite así en Perú lo ocurrido hace unos meses en Colombia, cuando las autoridades acusaron a las FARC de estar detrás de las protestas de los indígenas que marcharon por todo el país para reivindicar el cumplimiento de las promesas que el Gobierno había adquirido con ellos.
De momento, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ha confirmado la orden de detención contra el líder de la organización indígena Aidesep, Alberto Pizango, señalándolo como el responsable de la masacre ocurrida en Bagua. Según el magistrado, esta medida fue dictada con todas las garantías judiciales y respetando el debido proceso del dirigente nativo, cuyo paradero se desconoce.
Bendiciones
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