| Diario La República La nueva medida del gobierno afecta a la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, el Concilio Evangélico y la Coordinadora Nacional de DDHH. Carolina Martín. La disposición es clara. Desde ahora la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el Concilio Evangélico del Perú (CONEP) y la Defensoría del Pueblo (los únicos que hasta la fecha tenían autorización) no podrán participar en las sesiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y servir así de enlace entre el gobierno y la sociedad civil. Es decir, ya no habrá observadores que sigan de cerca lo que esta entidad del Estado avanza –o retrocede– en la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, y solo queda abierta la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación. CUESTIÓN DE ESTRATEGIA La modificación del artículo 9 del reglamento del CNDH fue respaldada por el secretario ejecutivo interino de esta entidad, Miguel Facundo Chinguel, quien se refirió específicamente al caso de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para explicar la decisión tomada. Según este funcionario, la CNDDHH patrocina el 70% de los litigios en contra del Estado peruano en instancias supranacionales, algo incompatible con su labor como observadora en las sesiones del Consejo, pues supuestamente en las mismas obtenían datos de la estrategia jurídica del gobierno que luego usaban a su favor para ganar. "Existía un serio conflicto de intereses. Además, los observadores no son funcionarios públicos y no se les puede pedir confidencialidad" Facundo Chinguel también enfatizó que en las sesiones del Consejo se habla "de todo", incluidos temas como las indemnizaciones del Estado o los informes de los agentes encargados de los casos en las instancias internacionales. "No podíamos limitar la información, era abierta. ¿Usted se imagina que nosotros tuviéramos un miembros observador dentro de la Coordinadora? Creo que, por decencia, esta debería sustraerse de continuar dentro del Consejo Nacional de DDHH", aseveró. HABLAR CON LA VERDAD "Eso no es cierto. La estrategia de defensa del Estado se diseña a partir del Grupo de Coordinación y Consultas, integrado por la jefa del gabinete del ministerio de Justicia, el director de Derechos Humanos de la Cancillería y el secretario general del Consejo Nacional de DDHH. En este grupo no participa ningún observador, y el informe que elaboran lo elevan directamente a la ministra de Justicia", dijo. Salgado también dio su propia explicación a las derrotas del Estado peruano en el exterior. "La mejor defensa de un Estado democrático en las instancias supranacionales es hablar con la verdad. No se defiende mintiendo y distorsionando, eso lo hace una dictadura. Es importante el reconocimiento de que el Estado peruano incurrió en violaciones, sobre la base de hacer investigaciones para deslindar responsabilidades" Aunque repudió la actitud de Aprodeh al enviar una carta al Parlamento Europeo que recomendaba la no inclusión del MRTA en su lista de organizaciones terroristas, por considerarlo desactivado, Salgado criticó que este hecho haya desembocado en la eliminación de los observadores, pidió no estigmatizar a toda la Coordinadora por una ONG, y recomendó al gobierno no tomar decisiones pensando en el "efecto" del momento. DATOS Viaje. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, viajará entre el 5 y el 16 de mayo a Suiza y Alemania para intervenir en la segunda sesión del Examen Periódico Universal (EPU), donde se analizará la situación de los derechos humanos en el Perú. Examen. El EPU es un mecanismo establecido por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas para analizar la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros del Consejo. ENFOQUE "Este gobierno no acierta en DDHH" Salomón Lerner No es una medida acertada. Y con esto el gobierno trata de evitar voces calificadas en el tema de derechos humanos y peca de una falta total de transparencia en cuanto a las decisiones que pueda tomar en este terreno, sin el auxilio de instituciones probas. Es una suerte de contrasentido que un organismo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos recorte la presencia de quienes los defienden, y que con solo estar allí evitarían que el gobierno cometa barbaridades en este tema. En materia de derechos humanos, el gobierno no acierta una. Ya vimos el tema de la pena de muerte, y ahora la detención de personas, en algunos casos, con marcados indicios de inocencia. Tratar de poner coto a las ONG que alertan a la población sobre la situación de los DDHH demuestra una disposición muy clara de antagonizar un tema importante para la democracia. Por eso es una decisión torpe. Porque es necesaria la presencia de la sociedad civil, y no solo del aparato estatal, en temas en los que desgraciadamente el Estado ya se ha mostrado descalificado. La Comisión de la Verdad y la Reconciliació Me imagino que esto está vinculado con la carta de Aprodeh al Parlamento Europeo por el tema del MRTA, que creo que ha sido tergiversada, ya que Aprodeh citó a la CVR, quien dijo que el MRTA era un grupo terrorista. El tema es dónde está el MRTA hoy, y creo que no existe. Pero el gobierno es tan torpe que creo que corre el riesgo de resucitar a un muerto. Esto suena, más bien, a uno de los distractores del gobierno.
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