viernes, 2 de mayo de 2008

Valoración de la función y el servicio públicos

De Palestra: Portal asuntos públicos PUCP
Hélan Jaworski
Director de Palestra / Presidente de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP


Síntesis: El Perú ha carecido de una estructura real de modernización de los servicios públicos desde la década de 1970, de tal manera de que todos aquellos son percibidos como de gran inutilidad. Sin embargo, y pese al letargo en la adaptación de modelos, la presión de determinados organismos y sectores de la sociedad han puesto sobre el tapete los problemas y se empiezan a tomar acciones para auspiciosas mejoras en esa materia. [Photo]
En ciertos sectores del país pareciera subsistir un agresivo consenso sobre la inutilidad de la función y el servicio públicos, la urgencia de eliminarlos y… única solución aconsejable ¡privatizar toda la acción del Estado! Esta postura, que tuvo gran aceptación a mitad de los años noventa, naturalmente se ve respaldada por las muchas veces justificadas quejas de numerosos usuarios de los servicios "públicos" y de otros tantos descorazonados clientes de oficinas y reparticiones que van del más alto nivel de los poderes del Estado a las más humildes municipalidades. Los actores políticos, y en particular los políticos profesionales, según su ubicación, oficialismo u oposición, defienden… o atacan en bloque al Gobierno, pero en muchos casos coinciden en una crítica a menudo sin atenuantes de la "burocracia", responsable al parecer de una gran mayoría de los males incurables que padece el país. Si se mantiene la vigencia del dicho ' Vox populi, vox Dei' ¡razones deben haber! ' El hecho es que el burócrata (término adobado con de una fortísima carga despectiva) resulta satanizado a un punto tal, que pocos jóvenes se animan a visualizar su futuro trabajando en organismos estatales o ingresando a una eventual carrera pública, que la voz de muchos reputa ser solamente suerte de fracasados o incapaces. Y el anatema recorre toda la escala, desde los empleados de ministerios y dependencias, ejecutivas, legislativas o judiciales, hasta los maestros de las escuelas primarias del interior, la policía, personal médico y sanitario auxiliar de los hospitales de Essalud, funcionarios municipales e incluso los bomberos, que buena parte de la población asume son funcionarios estatales ¿Quién quiere arriesgar su futuro en actividades devaluadas o resignarse desde sus veintitantos años a no entrar en la carrera pública por los méritos, frente a la competitividad y la alta rentabilidad que persiguen sus coetáneos? Son numerosas las encuestas y sondeos en las que la opinión de amplios sectores sobre hechos negativos de actualidad viene acompañada de inevitables referencias peyorativas a la burocracia y otras muchas donde una institución o una personalidad (especialmente si es un político) soslaya ataques o se pone a reparo de los mismos derivando la culpa sobre las deficiencias del servicio público. Tiene que haber – y de hecho la hay – mucho de verdad en las deficiencias y deservicios que el público percibe, pero también es cierto que hay una gran dosis de ensañamiento e ignorante lectura de la realidad en los comentarios de prensa y en el discurso de ciertos adalides de posiciones económicas que proclaman como solución la reducción radical o diezmo de la fuerza laboral del Estado como se hizo a inicios de la década pasada. Allí comenzó o se acentuó el proceso de descalificación del empleo público y con ello se abrió una seria fractura en la arquitectura institucional de la nación, bajo el errado supuesto de que todas las actividades "importantes" o "esenciales" podían privatizarse, mientras las "otras" por no llamarlas "marginales" quedarían en manos del Estado. Con tal criterio, se devaluó la importancia de la educación, de la salud, de la seguridad pública y ciudadana y de otros servicios esenciales y se informaba a la población que esas eran actividades de segundo sino de tercer nivel. La ignorancia es muy atrevida, y cuando se quiere imponer un punto de vista pero no se quiere mirar sino el propio ombligo, se busca convencer a los ciudadanos a través de los medios de que lo que suceda en otras partes no importa, y se puede tratar de tapar el sol con un dedo. Los miles de artículos que se escribieron contra tales absurdos exponiendo como ningún país desarrollado, ni en América Latina ni en Europa, ni en Asia y para mal de sus pecados, ni los Estados Unidos habían desatendido ni menos debilitado las estructuras centrales de la función pública, aún cuando hubieran transferido por concesiones, usufructos a largo plazo o privatizaciones muchas funciones, esencialmente empresariales y económicas, no recibieron la más mínima atención ni consideración por los gobernantes de la época. Tampoco se prestó mayor atención a conocer en profundidad los modelos de la nueva gestión pública (New Public Management) que durante la década de los noventa fueron centro de un intenso debate a nivel mundial sobre la pertinencia de la transferencia, copia o adaptación por los sectores públicos de diversos países de procedimientos, métodos y sistemas provenientes de la experiencia de la empresa privada, ni de la apertura que las empresas de esos mismos países iniciaron respecto de estas nuevas administraciones "aggiornadas" que debían lidiar ahora con inéditas tareas (sobre todo por el volumen) de supervisar y regular servicios públicos privatizados, concesiones, fusiones, ejecuciones compartidas, adquisiciones y contratos millonarios, que excedían la capacidad y la preparación de los funcionarios heredados del pasado. Esto mismo ocurrió en el Perú.
Saquemos las conclusiones de lo que heredamos al ingresar al nuevo milenio. Una administración pública obsoleta cuyos últimos cambios significativos (correctos o errados) se hicieron en la década de los años setenta, antes de la crisis de la deuda y de los ajustes estructurales. El inicio del cambio hacia la modernización y reforma del estado se dio solamente a partir del 2001 durante el gobierno de transición. Una administración que, además de obsoleta como estructura, traía gran parte de su personal falto de preparación y de incentivos, sin procesos de actualización ni reciclaje y sobre todo, expuesto al escarnio público sin mayor defensa, fuera de sus propias organizaciones gremiales, inadecuadas tanto para defender sus derechos como para formular propuestas innovadoras y empujar el tránsito a la modernidad. Una voluminosa masa de servidores públicos, desde el nivel local hasta el central, mal remunerada, sin convicciones, sin calificación aceptable, temerosa por su estabilidad a pesar de los cursos y "nombramientos", desanimada por el ambiente de nepotismo y clientelismo predominante a todo nivel, desconfiada sobre la aplicación de sistemas que garanticen la llegada de la meritocracia, proclive a sucumbir a las presiones del poder y de la "coima", fácil presa por tanto de la corrupción, penosa y crecientemente insensible al discurso ético. La inexistencia de centros de planificación, gestión estratégica y gestión del conocimiento en el espacio público, que fomentaran la investigación, el desarrollo y la innovación, con un clamoroso abandono de los organismos que debían abrir camino en materia de ciencia y tecnología. La carencia de esta función vertebral (que nos ha llevado a ocupar los últimos lugares de la región) en la producción de saber científico, ha repercutido a todos los niveles dejando a todas las reparticiones del Estado libradas a una estéril lucha por bocados del presupuesto, sin prioridades arbitradas y sin visión prospectiva de largo plazo. Una ausencia de programa de cambio y de institucionalidad adecuada para motivar a la empleocracia y para formar nuevos cuadros de personal joven, formado en nuevas disciplinas y conocedor de modernas tecnologías y dispuesto a compartir un proyecto nacional desde el Estado. Si no era posible replicar la experiencia de los países centrales (e incluso de muchas de sus colonias) donde siempre fue timbre de orgullo servir primero a la Corona o al Rey y luego a la República y ser un funcionario de Estado Y de parte del sistema político, una total falta de vergüenza y de coraje para reconocer los errores que generaron esta situación, para postular que la culpa no está ni estuvo en los empleados y funcionarios, sino en quieres les retacearon la atención, los medios y la formación para poder hacer un trabajo medianamente eficaz. Es honesto reconocer que en los siete años trascurridos se han dado pasos significativos. El recurso a consultores externos, la presión de la ciudadanía y el diálogo abierto con las universidades han comenzado a dar frutos. En lo inmediato, después de un frustrante inicio, también la presión de los gobiernos regionales por mejorar su rendimiento y levantar su eficiencia ha comenzado a pesar sobre el Gobierno Central. Es muy larga la lista de tareas pendientes, comenzando por la Ley de la carrera pública y terminando por la puesta en marcha del CEPLAN. Pero hay una tarea esencial, urgente e ineludible: devolver dignidad y prestigio a las mujeres y hombres que en todo el territorio nacional se reconocen como servidores del Estado.

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